En enero, el índice de precios al consumidor (IPC) del INDEC reportó un aumento del 2,9%, marcando el séptimo mes consecutivo de aceleración y alcanzando un 32,4% interanual. Este incremento es el más significativo desde marzo del año anterior. Sin embargo, la medición oficial ha sido objeto de controversia por utilizar una canasta de consumo de hace más de veinte años, lo que subestima el costo de vida actual.
La inflación real, si se consideraran ponderadores actualizados que reflejan mejor los hábitos de consumo, sería aproximadamente 20 puntos más alta. Esta discrepancia permite al Gobierno mantener salarios y jubilaciones por debajo de lo que correspondería, generando un ajuste fiscal que, según estimaciones privadas, podría evitar actualizaciones por cerca de 5 billones de pesos, lo que representa alrededor del 0,5% del PBI.
Además, la situación se complica al comparar con otras mediciones, como la de la Ciudad de Buenos Aires, donde la inflación alcanzó el 3,1% en enero, utilizando una canasta de gastos más reciente. La decisión del Gobierno de no actualizar el IPC tiene implicaciones significativas en la vida económica de los ciudadanos, afectando la indexación de jubilaciones y salarios públicos.